Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Beccio fueron condenados por los delitos cometidos contra 85 personas durante el régimen militar.
Un tribunal federal argentino condenó este lunes a cadena perpetua a seis represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), informaron fuentes judiciales.
Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Beccio fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata por los delitos cometidos contra 85 personas durante el régimen militar.
La Justicia condenó a los seis exmilitares por «homicidios calificados» y «privaciones ilegales de la libertad y tormentos a perseguidos políticos», según figura en el veredicto difundido por el Centro de Información Judicial.
Los crímenes se cometieron en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires), el centro clandestino conocido como «La Cueva» que funcionó en el exradar de la Base Aérea de Mar del Plata, la Comisaria Primera y la subcomisaría Villa Díaz Vélez, de Necochea.
Agustoni, jefe de la base aérea donde funcionó «La Cueva», y Beccio, su mano derecha, fueron acusados por la Fiscalía de autorizar "vuelos de la muerte" desde allí.
Los jueces impusieron además condenas de 25 años de prisión para Fortunato Valentín Rezett, doce para Ernesto Orosco, siete para Héctor Francisco Bicarelli, cinco para Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Nicolás Miguel Cafarello, mientras que resultaron absueltos Aldo José Sagasti y Marcelino Blaustein.
El secretario de Derechos Humanos de Argentina, Martín Fresneda, señaló, tras la lectura del veredicto en Mar del Plata, que «las privaciones ilegales de la libertad no reparan el dolor con este tipo de penas».
«Hay penas irrisorias y por eso vamos a interponer un recurso en Casación» dijo a la agencia estatal Télam sobre la condena a Cafarello, el primer militante civil de la Concentración Nacional Universitaria en ser juzgado.
El tribunal revocó las prisiones domiciliarias de las que se beneficiaban varios de los represores, entre ellos los seis condenados a cadena perpetua, y dispuso su traslado a establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
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