Lanzamiento de la Red Informativa de Genocidio y Derechos Humanos

La Fundación Luisa Hairabedian presenta la Red Informativa de Genocidio y Derechos Humanos que tiene como objetivo informar sobre congresos, actualidad, seminarios, publicaciones, conferencias, bibliografía y postgrados relacionados a Ciencias Sociales, Estudios sobre Genocidio, Diáspora Armenia y temáticas afines

miércoles, 30 de enero de 2013

Primer juicio en Guatemala por genocidio y delitos de lesa humanidad




Guatemala, 30 ene (PL) El primer juicio en Guatemala por genocidio y delitos de lesa humanidad comienza hoy contra los exmilitares Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez, acusados por el Ministerio Público de la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil.
La sociedad guatemalteca hoy es testigo de un hecho histórico, por primera vez en nuestro país, se dicta apertura a juicio por genocidio y delitos contra deberes de humanidad, señala un comunicado de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

Este paso hacia la justicia es de suma importancia para las miles de personas sobrevivientes de las masacres en Guatemala, consideran ambas organizaciones querellantes en este caso para el cual el juez Miguel Ángel Gálvez convocó para este miércoles el debate oral y público con el propósito de conocer las pruebas.

"Valoramos positivamente lo actuado por el Juzgado de Mayor Riesgo B y esperamos que si la defensa de los exgenerales apela a otras instancias, estas actúen apegado a derecho y tomando en cuenta lo ya resuelto", señala el comunicado emitido por ambas organizaciones 

Según consideran la AJR y el Caldh, la resolución presentada este lunes envía un mensaje de esperanza en la justicia a quienes aún padecen las consecuencias de la guerra civil guatemalteca y a los autores materiales e intelectuales de los graves delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos de 1960 a 1996.

"Esperamos que el caso continúe tramitándose conforme lo establece la ley y pronto podamos tener el juicio contra quienes ordenaron el genocidio en Guatemala", concluye la comunicación.

Por su parte, Francisco Palomo, uno de los abogados defensores del exgobernante de facto de 1982 a 1983, ha manifestado a la prensa que espera un juicio justo y no un linchamiento.

La semana pasada el fiscal Orlando López ratificó las pruebas de cargo y las acusaciones en contra de ambos exmilitares.

López precisó, que aunque Ríos Montt y Rodríguez no fueron los autores materiales de la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil, sí tenían conocimiento de los hechos perpetrados en 1982 y 1983 durante el régimen militar encabezado por el primero.

martes, 29 de enero de 2013

Ex dictador guatemalteco a juicio por genocidio


El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, de 86 años, enfrentará juicio por el genocidio de poblaciones indígenas durante su régimen entre 1982 y 1983, anunció este lunes un juzgado, en una histórica decisión por tratarse del primer ex gobernante en ser procesado por este delito en Guatemala.



“Se dicta auto de apertura a juicio en contra de José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad”, dijo el juez Miguel Gálvez, al leer la resolución en una pequeña sala del juzgado Primero B de Mayor Riesgo de Ciudad de Guatemala, abarrotada por familiares de víctimas, activistas humanitarios y militares retirados que apoyan al ex dictador.
“Se llega a establecer que existen fundamentos serios para someter a juicio oral y público por las supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputa”, agregó el juez, en presencia de Ríos Montt, quien no se inmutó al escuchar la resolución.
En la sala, solo se oyó un murmullo, mientras que familiares de las víctimas quemaron petardos en la parte baja del edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde está ubicado el juzgado.
El anciano ex dictador está acusado de genocidio por la matanza de unos 1,770 indígenas mayas ixiles ocurrida durante su mandato en el departamento de Quiché, al norte, en lo más cruento de la guerra civil guatemalteca que dejó unos 200,000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996.
En el mismo proceso, el juez también decidió abrir juicio por genocidio contra el general retirado José Rodríguez, ex miembro de la cúpula castrense de entonces y quien llegó al juzgado en silla de ruedas.
Gálvez citó a las partes para comparecer el próximo 31 de enero a una audiencia a partir de las 10:00 a.m. para la aportación de pruebas, tras lo que definirá la composición del tribunal que llevará el juicio en un fecha por precisar.
El juez dispuso que, a la espera del juicio, los dos acusados quedan bajo la misma situación jurídica: Ríos Montt bajo el arresto domiciliario que guarda desde hace un año y Rodríguez internado en el hospital militar por supuestos quebrantos de salud.
Bajo el régimen del general Ríos Montt, quien llegó al poder tras encabezar un golpe de Estado en 1982, el Ejército aplicó la llamada política de “tierra arrasada” sobre poblaciones indígenas a las que acusaba de colaborar con la guerrilla izquierdista, en el contexto de la Guerra Fría.
El general Héctor López, también ejecutor de la política contrainsurgente del régimen, está acusado igualmente de genocidio, pero exámenes médicos determinarán si puede afrontar un juicio luego de que sus abogados argumentaron que sufrió un derrame cerebral en diciembre.
La defensa de Ríos Montt argumentó que el ex gobernante nunca se enteró de las masacres cometidas por el Ejército. “Quieren colgar a Ríos Montt por algo que no hizo”, sostiene el abogado defensor Danilo Rodríguez, quien paradójicamente fue guerrillero por más de 22 años.
Poco antes de anunciada la resolución, el abogado defensor Francisco Palomo había expresado su esperanza de que el caso fuera archivado, aunque adelantó que “por la gran presión internacional y nacional que hay y por el tema mediático” era “muy posible” la apertura del juicio.
Vestido con traje formal gris, el ex dictador llegó puntual a la audiencia entre el saludo militar de sus seguidores y los gritos de “justicia” de familiares de las víctimas, apostados en las afueras de la sede de la Corte.
En la entrada del edificio, familiares de víctimas, que llevaban claveles rojos y fotografías de sus seres queridos, instalaron un altar improvisado, con ofrendas flores, incienso y velas.
El activista Jorge Santos, del colectivo Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos, consideró un “hecho histórico” que la justicia guatemalteca “logre condenar a dos responsables de delitos de genocidio y deberes contra la humanidad”.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), había adelantado que un juicio contra Ríos Montt sería “un paso importante en la lucha contra la impunidad”.
Voces externas también se pronunciaron en favor de la apertura del proceso, como una delegación de cinco diputados españoles que visitó Guatemala la semana pasada para conocer la situación de los derechos humanos.
Gálvez convocó a esta audiencia tras escuchar la semana pasada los argumentos de la Fiscalía y abogados de familiares de las víctimas, y los de la defensa del anciano ex dictador.
hma/mis/yow

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Los juicios de lesa humanidad acapararán la actividad en la justicia federal

Tozzo está acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo en cuatro hechos: Julio Andrés Pereyra, Roberto Yedro, Facundo Gabriel Piérola y Reynaldo Amalio Zapata Soñez.
Si bien ya se juzgó la matanza, Tozzo estaba detenido en Brasil esperando la extradición que se concretó luego de que finalizara el primer juicio. Ahora el deberá enfrentar sólo el proceso en su contra pero no responderá por el asesinato de los militantes dado que la justicia del vecino país acotó la acusación a la desaparición de personas.


Fuentes judiciales explicaron que el debate duraría solo un mes dado que por una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no será necesario que presten declaración todos los testigos sino que se usarán las filmaciones del primer juicio. Esta herramienta permitiría avanzar notablemente y evitaría volver a victimizar a quienes padecieron tormentos durante la última dictadura militar.
Sin embargo, las partes tienen la posibilidad de plantear que algunos presten declaración nuevamente. Otras causas A su vez, al retomar la actividad el Ministerio Público Fiscal espera responder la solicitud de elevación a juicio de un aparte de la causa Caballero Residual con varios imputados, que ya fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
En este juicio, que podría comenzar a mediados de año, hay 13 acusados de cometer 8 hechos (una violación). Será el primero en la región donde se analice los ataques sexuales contra las detenidas. Resulta que la violación, durante el proceso militar, era un delito de instancia privada, es decir que no podía ser promovido por el Estado, pero un fallo permitió que el Ministerio Público pueda avanzar con la imputación de estos hechos.
A su vez en este juicio se determinará qué pasó con el matrimonio Morel. De acuerdo con los testimonios de otros presos tanto Pedro Morel como Sara Fulvia Ayala fueron vistos por última vez en la Brigada de Investigaciones. Este matrimonio era militantes del PRT y las Ligas Agrarias de Goya.

lunes, 28 de enero de 2013

Justicia guatemalteca anuncia este lunes si abrirá juicio contra dictador por genocidio



Un tribunal de Guatemala anunciará este lunes si someterá a juicio al dictador Efraín Ríos Montt  y su antiguo colaborador, el también general retirado José Rodríguez, por el asesinato de más de mil indígenas ixiles durante su mandato de facto entre 1982 y 1983. 

La decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del tribunal Primero B de Mayor Riesgo, estará basada en los argumentos presentados la semana pasada por la Fiscalía, las organizaciones de derechos humanos que actúan como querellantes y los defensores de los exgenerales. 

La Fiscalía guatemalteca acusó a Ríos Montt, de 86 años de edad, y a Rodríguez de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, por los asesinatos de mil 771 indígenas ixiles a manos de las Fuerzas Armadas entre marzo de 1982 y agosto de 1983. 

"Ambos acusados tienen responsabilidad en las masacres y muertes individuales cometidas en el área ixil", sostuvo el fiscal Orlando López, al señalar a Ríos Montt como autor intelectual de la matanza de los indígenas.

Este lunes el fiscal López y los querellantes la Asociación Justicia y Reconciliación, y el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, rebatieron el recurso presentado por los abogados de Ríos Montt y Rodríguez de que el juez Miguel Ángel Gálvez carecía de competencia para asumir ese juicio.

López precisó, que aunque Ríos Montt y Rodríguez no fueron los autores materiales de la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil, sí tenían conocimiento de los hechos perpetrados en 1982 y 1983, cuando el primero era presidente de facto y el segundo era director de la Sección de Inteligencia.

Danilo Rodríguez, abogado de Montt, dijo a una agencia de noticias internacional que espera que el juez ordene a la Fiscalía realizar una nueva investigación "encauzada en contra de los responsables" de los "excesos" cometidos durante la guerra.

"La clausura provisional del proceso (y no el desistimiento) es una buena salida para el juez por toda la campaña mediática en que se encuentra el caso", explicó Rodríguez, quien fue guerrillero por más de 22 años. 

"No sólo no hubo genocidio, sino que tampoco hubo ningún nivel de responsabilidad de los acusados", aseguró el abogado.

Por su parte, Edgar Pérez, abogado de los familiares de las víctimas del conflicto armado en Guatemala (1960-1996), pidió un juicio contra Ríos Montt y Rodríguez, en consonancia con lo solicitado por el Ministerio Público.

Ríos Montt llegó al poder tras encabezar un golpe de Estado en 1982. Durante su gobierno de facto el Ejército aplicó la llamada política de "tierra arrasada" sobre poblaciones indígenas a las que acusaba de colaborar con la guerrilla izquierdista, en el contexto de la Guerra Fría.

Según peritajes y exhumaciones, la mayoría de las víctimas eran niños y ancianos, personas que por edad no podían empuñar un arma, como para ser señalados como guerrilleros.

Lesa humanidad: se reanudarán diez juicios orales tras la feria judicial


Con el fin de la feria judicial de enero, se reanudarán diez juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. A continuación, el detalle de cada uno de los debates y la agenda de las próximas audiencias que se realizarán en cada proceso:

Capital Federal: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital (integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia) encabeza el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se prevé que declaren cerca de 900 testigos y se juzgarán 789 hechos acaecidos en ese centro clandestino de detención. Son 68 los imputados. El juicio sigue el 4 de febrero próximo.
Córdoba: se realiza ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba el juicio oral y público por la causa “Menéndez, Luciano Benjamín y otros”, en donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención “La Perla” y “La Ribera”, entre los años 1975 y 1977. El proceso está compuesto por la acumulación de 16 causas, que cuentan con 45 imputados, 417 víctimas y se espera que declaren más de 900 testigos. El tribunal está integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu. En tanto que Carlos Ochoa lo hace en calidad de cuarto juez. El debate se reanudará el 5 de febrero próximo.
Jujuy: el Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin, juzga a Mariano Braga, Antonio Vargas y José Bulgheroni. Se investiga la responsabilidad de los acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio, en perjuicio de 43 víctimas. El debate continuará el 7 de febrero próximo.
Mar del Plata: el TOF de Mar del Plata encabeza un juicio oral por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaran en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y en la sede de aquella ciudad de la Prefectura Naval Argentina. El tribunal está integrado en este caso por los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo. Son juzgados 14 imputados. El debate se retomará el 13 de febrero próximo.
Mendoza: ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza se lleva a cabo un juicio oral en el que se encuentran imputados: Dardo Migno Pipaon, Alcides París Francisca, Paulino Enrique Furió, Ramón Angel Puebla, Juan Agustín Oyarzabal, Armando Fernández, Fernando Morelado, Juan Antonio Garibote, Aldo Patrocinio Bruno Pérez y Ricardo Benjamín Miranda. El tribunal está integrado por los jueces Juan Antonio González Macías, Jorge Burad y Alejandro Nocetti Achával. El debate se reanudará el 7 de febrero próximo.
Salta: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek, Mario M. Juárez Almaraz y Gabriel Casas (juez sustituto), son juzgados18 imputados por 34 hechos cometidos entre los años 1975 y 1978. En la causa se investiga la privación de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri De Gamboa, algunos de ellos docentes de la Universidad Nacional de Salta. El juicio seguirá el 4 de febrero próximo.
San Juan: el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Furcade, Alejandro Piña encabezan el debate donde son juzgados Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel, Alejandro Manuel Lazo, Daniel Gómez y Horacio Julio Nieto. En el proceso se investigan delitos cometidos en perjuicio de 60 víctimas. El juicio seguirá el 5 de febrero próximo.
San Martín: el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín lleva adelante el juicio oral por crímenes en jurisdicción de Campo de Mayo. En el debate (encabezado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone) son juzgados Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guarañabens Perelló, Julio San Román, Luis Sadi Pepa, Osvaldo García, Hugo Castagno Monge, Carlos Somoza, Carlos Macedra, Eduardo Corrado, Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo. Se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 20 víctimas. El debate continuará el 5 de febrero próximo.
Santa Fe: se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe un juicio donde se investigan crímenes en perjuicio de 35 víctimas. Son juzgados Jorge Alberto Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann, Carlos Nickisch y Danilo Alberto Sambuelli, El tribunal está integrado por los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci. El debate seguirá el 14 de febrero próximo.
Tucumán: el Tribunal Oral Federal de Tucumán encabeza el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia, en el marco de la causa “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/ secuestros y desapariciones”. Son juzgados 41 imputados, por crímenes en perjuicio de 235 víctimas. Se investigan los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. El tribunal está integrado por los jueces Gabriel Casas, Juan Carlos Reynaga y Carlos Jiménez Montilla. El juicio continuará el 7 de febrero próximo.

viernes, 25 de enero de 2013

Colombia: sentencia contra el genocidio


En un fallo histórico y como parte de la condena a un exjefe paramilitar, la justicia colombiana reconoce por primera vez que el exterminio de la izquierdista Unión Patriótica hace dos décadas fue un genocidio y un crimen de lesa humanidad. La decisión judicial allanará el camino del proceso de paz entre guerrilla y gobierno, pues la primera podría integrarse a la vida civil y participar en contiendas políticas sin el temor de que sus integrantes pierdan la vida por ello.
BOGOTÁ (Proceso).- El exjefe paramilitar Hebert Veloza García, El HH, tiene 42 sentencias en su contra y pronto sumará otra, quizá la más importante, ya que en ella el Estado colombiano reconoce por primera vez que el exterminio de la izquierdista Unión Patriótica (UP) fue un “genocidio de tipo político” y sus principales autores fueron grupos paramilitares de extrema derecha en coordinación con integrantes de la policía y el ejército.
Según el pliego de cargos aprobado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esta ciudad –cuya copia tiene Proceso– y que servirá de base para sentenciar al HH, la UP –surgida en 1985 durante el proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– fue víctima de una “guerra sucia” y sufrió el asesinato masivo de sus integrantes “en un fenómeno que significó el exterminio de una fuerza política que llegó a constituirse en la tercera del país durante los comicios de 1988 y que para mediados de los noventa se encontraba gravemente disminuida, casi hasta su desaparición”.
Organismos de derechos humanos estiman en más de 3 mil los asesinatos de militantes de la UP que en los ochenta y noventa perpetraron las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y agentes de organismos estatales (policía secreta, policía nacional y ejército), como parte de un plan para aniquilar a ese grupo de izquierda que tenía registro electoral.
Para las AUC –grupos armados de extrema derecha creados en los ochenta con financiamiento de empresarios y terratenientes a fin de combatir a la guerrilla–, la UP y las FARC eran lo mismo.
El HH, quien comandó los bloques Bananero y Calima de las AUC en la región de Urabá, será condenado por el homicidio agravado de 11 integrantes de la UP, en un fallo histórico, ya que por primera vez un poder del Estado cataloga ese exterminio como “genocidio” y reconoce la responsabilidad estatal en la comisión de ese delito tipificado en el derecho internacional.
Estos hechos “afectaron de manera grave el régimen político y democrático colombiano y por ende no deben repetirse jamás en el país”, señaló el escrito de cargos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Este documento se emite cuando el gobierno colombiano y las FARC dialogan en Cuba para buscar una salida política al conflicto armado que vive el país sudamericano desde hace 48 años.
La eventual transformación de las FARC en un partido político forma parte de la agenda de negociaciones en La Habana y el tema del exterminio de la UP gravitará en la mesa.
“Por eso es tan importante este pronunciamiento de la justicia colombiana reconociendo el genocidio de la Unión Patriótica. Es un mensaje muy oportuno para el proceso de paz”, comenta a Proceso el director del grupo de investigación de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, Alejo Vargas.
Añade: “El Estado colombiano indica con este fallo que tiene la voluntad de garantizar que si las FARC dejan las armas en un proceso de conversaciones y se incorporan a la vida civil, tendrán garantías para participar en la política y que sus ideas, que en el pasado defendieron con las armas, podrán esgrimirlas con argumentos, sin que por eso los maten”.
El pasado abril varias organizaciones políticas y sociales de Colombia formaron la Marcha Patriótica, un amplio movimiento de izquierda equiparable a la UP de los ochenta. En ese espacio podrían incorporarse con fines electorales los guerrilleros desmovilizados de las FARC, en caso de que alcancen un acuerdo de paz con el gobierno.
La exsenadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, la dirigente más visible de Marcha Patriótica, dice a este semanario que al tipificar como “genocidio” los asesinatos masivos de los militantes de la UP, la justicia colombiana da un paso “muy importante porque categoriza la necesidad de establecer un estatuto de la oposición en este país (que vele por los derechos de las minorías políticas), que se profundice la democracia pero, sobre todo, que un hecho tan grave, tan lamentable, como el exterminio de la Unión Patriótica no quede en la impunidad y no se repita”.
Según la dirigente política –destituida como senadora en 2010 por el ultraconservador procurador Alejandro Ordóñez por sus supuestos nexos con las FARC–, el pronunciamiento de la Sala de Justicia y Paz dentro del juicio al HH es “muy beneficioso para el proceso de paz porque pone el acento en la importancia de garantizar a los guerrilleros desmovilizados que podrán hacer oposición desde el pensamiento crítico sin que los asesinen”.
El punto número dos de la agenda de negociaciones que desarrollan las FARC y el gobierno colombiano en La Habana –“Participación política”– puntualiza la necesidad de establecer “derechos y garantías (de seguridad) para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final”.

Exterminio de la UP

El surgimiento de la UP en 1985 se produjo de manera paralela al proceso de paz que desarrollaron las FARC con el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986), quien alentó la creación de ese movimiento que aglutinó a socialdemócratas, comunistas, liberales independientes, dirigentes sociales y sindicales y guerrilleros desmovilizados.
Desde el principio la UP fue considerada por los terratenientes del país, grupos paramilitares, oficiales del Ejército y policía y por sectores de los partidos tradicionales como brazo político de las FARC. Esa suposición persistió incluso después de que se rompieron los diálogos con el gobierno de Betancur en 1985, y de que el naciente movimiento político se deslindara de la guerrilla y condenara la vía armada como forma de lucha.
En su primer año de existencia la UP perdió a más de 300 militantes. Dos de sus candidatos presidenciales fueron asesinados: en 1987, Jaime Pardo Leal, y en 1990, Bernardo Jaramillo. De esos homicidios y de centenares más que ocurrieron en esos años fueron responsables los fundadores de las AUC, los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño, quienes reclutaron al HH para su organización armada y lo hicieron comandante de los bloques Bananero y Calima.
Para finales de los noventa la UP contabilizaba miles de militantes y dirigentes muertos; además de sus candidatos presidenciales, cayeron dos senadores, 18 dipu­tados y 40 alcaldes y concejales.
El plan de exterminio ejecutado por las AUC y los organismos del Estado arreciaba en la medida en que la organización de izquierda avanzaba electoralmente. Entre 1986 y 1988 la UP se convirtió en un suceso electoral al tener cinco senadores, nueve diputados nacionales y 14 locales, 23 alcaldes y 351 concejales. En 1988 era la tercera fuerza política de Colombia, sólo detrás de los tradicionales partidos Liberal y Conservador, lo que –según el pliego de cargos contra Veloza García– desató una respuesta más violenta de los paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado “que vieron menoscabados sus intereses políticos y económicos”.
Desde esa época eran muy claros los vínculos entre los grupos paramilitares y los cárteles del narcotráfico. En los años siguientes los jefes de las AUC se convirtieron en los principales narcotraficantes y esta actividad fue la principal fuente de financiamiento en su guerra contra las FARC.
Las AUC se desmovilizaron entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero sus comandantes siguieron manejando el negocio de la droga desde prisión y en 2008 fueron extraditados a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico.
El HH está recluido en una prisión de Nueva York, sujeto a juicio por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Es por ello que los procesos en su contra en Colombia se le siguen en calidad de reo ausente y, aunque las AUC desaparecieron formalmente, aún quedan remanentes que se conocen como bacrims (bandas criminales) que se dedican al narcotráfico y siguen teniendo ejércitos de sicarios.

Omisión del Estado

En el escrito del Tribunal, cuyo ponente es el magistrado Eduardo Castellanos Roso, la justicia colombiana cataloga el exterminio de la UP como un “crimen de lesa humanidad” y un “delito de actos de barbarie” por la crueldad innecesaria y los métodos utilizados por los ejecutores, como las decapitaciones y el desmembramiento.
De acuerdo con el documento judicial de 316 páginas, que contiene múltiples referencias al derecho internacional, el Estado colombiano negó la existencia de un plan de exterminio contra la UP cuando éste se encontraba en ejecución, lo cual constituyó un “comportamiento omisivo del mismo Estado frente a sus obligaciones de proteger y prevenir violaciones de derechos” de los miembros de esa organización política.
Entre los funcionarios del Estado que en su momento desestimaron la estrategia de aniquilación contra la UP, el escrito menciona a quien en 1993 era ministro de Defensa y ahora lo es del Trabajo: Rafael Pardo Rueda.
El tribunal señaló que en agosto de 1993 un grupo de dirigentes de la UP encabezados por el senador Manuel Cepeda Vargas denunció ante Pardo la existencia del Plan Golpe de Gracia contra dirigentes de ese partido, pero el ministro desestimó la versión y “negó la existencia de tal plan de exterminio” en el que estaban implicados paramilitares y oficiales de la fuerza pública.
Tres meses después fue asesinado el dirigente nacional de la UP, José Miller Chacón, y Cepeda Vargas –padre del actual diputado Iván Cepeda– murió ejecutado a manos de dos suboficiales del Ejército con apoyo logístico de paramilitares en agosto de 1994.
Para el órgano de justicia el genocidio “consiste en la intención específica que tiene el victimario de destruir total o parcialmente a un grupo como tal; en el caso de la Unión Patriótica, a un grupo político”.
Por ello “la sala ha podido evidenciar que la persecución y ataques sufridos por los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica tienen las características de un genocidio de tipo político”, agrega el escrito y señala que “el tema será tratado con mayor profundidad en la sentencia que se profiera (en las próximas semanas) dentro del presente proceso”.
En vista de que el genocidio no estaba tipificado en las leyes de Colombia cuando el HH cometió los asesinatos de los militantes izquierdistas (entre 1995 y 1996, y el genocidio se incorporó al código penal en 2000), el tribunal los considerará “homicidios en persona protegida”.
El histórico fallo de la justicia colombiana contra uno de los jefes paramilitares implicados en el exterminio de la UP se produce dos décadas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de genocidio el exterminio de ese grupo y dos años más tarde de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la muerte de Cepeda Vargas.

Oxígeno para el diálogo

El representante de la ONU en Colombia, Bruno Moro, comenta a Proceso que el fallo de la Sala de Justicia y Paz que concluirá con una sentencia condenatoria al HH tendrá un efecto “muy positivo” en las conversaciones de paz que desde noviembre pasado sostienen el gobierno y la guerrilla.
Agrega que resulta “sintomático y alentador” que tal reconocimiento se produzca en momentos en que las partes intentan llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado interno y en el que “es muy importante generar elementos de confianza, como puede ser esta señal de que si la guerrilla se desmoviliza podrá actuar en la vida política sin temor al exterminio”.
De acuerdo con el funcionario, el exterminio de la UP, que orilló a decenas de militantes izquierdistas a exiliarse para salvar sus vidas o a retirarse de la vida política, “ha retardado mucho el proceso de paz en Colombia, porque la eliminación de estas personas contribuyó a que la opción política se viera como una muerte segura y se optara entonces por seguir en la lucha armada”.
Un caso es el del comandante de las FARC Iván Márquez, quien encabeza el grupo de negociadores de esa organización guerrillera en La Habana. Él se desmovilizó durante el proceso de paz con Betancur y llegó a ser congresista con la UP, pero cuando se recrudeció la persecución contra ese partido regresó a la lucha armada.
La presidenta del izquierdista partido Polo Democrático Alternativo (PDA), Clara López Obregón, consideró que el pronunciamiento de la Sala de Justicia y Paz oxigena los diálogos de La Habana, en los cuales se ha hecho hincapié en que las dos partes deben aprender de los errores de procesos anteriores que terminaron sin acuerdo y con el recrudecimiento de la guerra.
“Aprender de los errores implica también más democracia y que no vuelva a ocurrir otro episodio como el de la UP, porque la matanza de la gente de la Unión Patriótica es un campanazo. Aquí hay que garantizarle la vida y la integridad física a la gente que se incorpore a la vida civil, y el Estado debe estructurar de una manera seria el derecho a la vida. Sin eso ninguna paz puede ser sustentable, porque en este país aún hay intereses muy poderosos que quieren una solución militar a cualquier costo”, afirmó.

El lunes 14 la presidenta del PDA denunció que el gobierno colombiano retiró los esquemas de seguridad a 150 dirigentes sindicales y 40 políticos de izquierda en todo el país pese a que “la amenaza general que nos ha acompañado durante los últimos años no ha desaparecido”. Para López Obregón el peligro de muerte aún acecha a los sindicalistas, militantes y dirigentes de izquierda en este país por el sólo hecho de serlo.

Juicio a Ríos Montt por genocidio para el 28 enero



Un juez guatemalteco decidirá el próximo 28 de enero si los exgenerales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez van a juicio por el genocidio de indígenas ixiles entre 1982-1983, del que los acusa la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala, informó hoy una fuente judicial.

El juez del Juzgado B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, anunció que la resolución sobre el futuro de los dos exmilitares que tienen abierto proceso por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, la dará a conocer el próximo 28 de enero.

En el marco de la audiencia preliminar al juicio que se inició el pasado martes y concluyó hoy, Gálvez escuchó los argumentos de César Calderón, abogado de Rodríguez, quien pidió el sobreseimiento del proceso contra su cliente por falta de pruebas.

El miércoles, la defensa de Ríos Montt pidió la clausura provisional del proceso por considerar "deficiente" la acusación de la Fiscalía, hecha un día antes, y porque no existen pruebas que acrediten la participación del anciano militar en los hechos.

Calderón explicó que Rodríguez "está preso por una firma que aparece de él en el plan Victoria 82", que, según el fiscal Orlando López, fue diseñado para "aniquilar" a la etnia ixil en el departamento noroccidental de Quiché.

El jurista desvaneció la postura del fiscal al asegurar que en ningún momento, en el plan se ordena "masacrar" a la población y calificó de "falso" que su defendido haya forzado a soldados a perpetrar violaciones sexuales ni torturar a la población.

Según Calderón, como jefe de Inteligencia Militar Rodríguez "no tuvo cadena de mando" y por lo tanto "no puede aceptarse la acusación porque no se puede probar la imputación ni de genocidio ni deberes contra la humanidad".

"Dónde están las órdenes para cometer genocidio, dónde están los informes", se preguntó el jurista, y enseguida afirmó que el Ministerio Público "pide esto (el juicio) con algo que no puede probar".

En opinión de Calderón, la acusación del fiscal no es contra su cliente ni contra Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983, sino contra el ejército como institución.

jueves, 24 de enero de 2013

Defensa de Ríos Montt niega genocidio

La defensa legal del general Efraín Ríos Montt negó el miércoles hoy que haya habido genocidio en la guerra interna que libró Guatemala durante 36 años y defendió el accionar de Ríos Montt durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983.
"Aquí hay una reiteración de posiciones fuera de contexto que coinciden con la campaña mediática que se ha hecho en este caso y que no expresan con objetividad lo que sucedió en el país y quienes son los responsables" dijo ante el juez Miguel Angel Gálvez, Danilo Rodríguez un ex guerrillero que funge como abogado defensor.
Rodríguez expuso las características de Ríos Montt, como militar, ser humano y "hombre de Estado y dijo que "la defensa considera que el Ministerio Público no puede prescindir de una trayectoria clara en función de las reformas para el país y la ayuda a los pobres del país incluyendo los indígenas".
El defensor agregó que cuando el general fungió como presidente del Congreso de la República, por cinco años, se aprobaron leyes contra el racismo y la discriminación, para oponerse ante lo dicho por el Ministerio Público sobre que Ríos Montt habría tenido la intención de exterminar a la población Ixil durante la guerra.
Rodríguez expuso un informe de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés llamado "Guatemala perspectivas de moderación política" detallando su complacencia por el golpe de Estado ejecutado por Ríos Montt y otros militares.
Más temprano los querellantes en el caso argumentaron y apoyaron la solicitud del Ministerio Público de llevar a juicio al Ríos Montt.
A Ríos Montt se le acusa de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad, por la muerte de 1.771 personas, la violación sexual y el desplazamiento de más de 29 mil personas en el área del triángulo Ixil compuesto por los municipios de Chajul, San Juan Cotzal y Nebaj del departamento de Quiché en la región oeste del país.
Durante la audiencia ha habido algunos hechos que han generado malestar entre las partes y los asistentes. Uno de los querellantes del caso se quejó que la hija del Ríos Montt, Zury Ríos sacó durante la audiencia un perfume de su bolso para rociarlo sobre algunos indígenas que asisten a la audiencia, enfatizando que aún persisten actitudes racistas.