Los años de plomo e impunidad del general guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983, ya terminaron, y comienza a revelarse a través de la justicia su cara más oscura. Ayer martes, la Fiscalía de Derechos Humanos de ese país de Centroamérica dio un paso al frente y acusó de genocidio y crímenes de guerra tanto al citado Ríos Montt como al general José Mauricio Rodríguez, responsabilizándolos por las salvajes matanzas de indígenas de la etnia Ixil que se consumaron entre 1982 y 1983. Además, la Fiscalía pide que la causa se eleve a juicio oral y público.
El fiscal Orlando López, jefe de la Fiscalía de DDHH, compareció ante el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado Mayor Riesgo, para ratificar las pruebas de cargo y las acusaciones contra esos dos militares retirados. Según el Fiscal, ambos cometieron genocidio y delitos contra la humanidad, incluyendo tortura y abuso de autoridad, por haber ordenado ataques sistemáticos contra indígenas de la etnia Ixil durante la "guerra interna" que padeció este país entre 1960 y 1996.
Durante más de cinco horas, Orlando López detalló ante el juez los documentos, peritajes y pruebas testimoniales que ha reunido a la largo de una exhaustiva investigación que se ha prolongado durante más de tres años y con los que intenta demostrar la presunta responsabilidad de los dos procesados.
Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983, y Rodríguez, quien durante ese tiempo se desempeñó como jefe de la Sección II del Estado Mayor de la Defensa, acompañados de sus abogados y familiares cercanos, escucharon atentamente la acusación.
Se acusa a Ríos Montt de diseñar y ordenar la ejecución de los planes militares de política contrainsurgente conocidos como "VICTORIA 82" y "SOFIA 83", que contienen las órdenes para ejecutar a la población considerada como "aliada" de las fuerzas "insurgentes".
La Fiscalía documenta la matanza de al menos 1.771 ixiles habitantes del conocido como «Triángulo Ixil» en el departamento noroccidental de Quiché, los cuales representaban el 33,61 % de los 5.270 indígenas pertenecientes a esa etnia que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas durante la guerra. Hasta la fecha solo han sido exhumadas los restos de 249 de las víctimas de esas matanzas. Los restos de cerca de 179 individuos ya fueron identificados por medio de pruebas científicas, y 93 de ellas presentaban señales de tortura, de acuerdo a la información oficial.
Los generales también son acusados de haber propiciado entre 1982 y 1983 el desplazamientos de al menos 29.000 ixiles que pertenecían a 54 comunidades del Triángulo Ixil, quienes huyeron para salvarse de la sangrienta represión militar.
Ahora es el turno de los abogados defensores, que deben presentar sus respectivas pruebas de descargo, para que sea luego el juez Miguel Ángel Gálvez quien determine si se inicia un juicio penal en contra de éstos u ordena archivar el proceso.
Por el asesinato de los originarios Ixil también es acusado el general Héctor Mario López Fuentes, pero su situación se discutirá en una audiencia posterior, ya que el Tribunal tiene que resolver previamente una petición de su abogado, Moisés Galindo, para que cese el proceso judicial en su contra por enfermedad. Galindo alegó que su cliente sufrió un derrame cerebral y se encuentra incapacitado para enfrentar un juicio. El juez ordenó que se le practiquen nuevos exámenes médicos a López Fuentes para determinar cuál es fehacientemente su estado de salud.
No terminan aquí las causas de Ríos Montt ante la justicia. El general, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde que se presentó de forma voluntaria ante la Justicia, hace un año, tiene también abierto otro proceso judicial por la matanza de más de 250 campesinos en el departamento norteño de Petén, hecho también consumado durante la década de los '80.
Durante más de cinco horas, Orlando López detalló ante el juez los documentos, peritajes y pruebas testimoniales que ha reunido a la largo de una exhaustiva investigación que se ha prolongado durante más de tres años y con los que intenta demostrar la presunta responsabilidad de los dos procesados.
Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983, y Rodríguez, quien durante ese tiempo se desempeñó como jefe de la Sección II del Estado Mayor de la Defensa, acompañados de sus abogados y familiares cercanos, escucharon atentamente la acusación.
Se acusa a Ríos Montt de diseñar y ordenar la ejecución de los planes militares de política contrainsurgente conocidos como "VICTORIA 82" y "SOFIA 83", que contienen las órdenes para ejecutar a la población considerada como "aliada" de las fuerzas "insurgentes".
La Fiscalía documenta la matanza de al menos 1.771 ixiles habitantes del conocido como «Triángulo Ixil» en el departamento noroccidental de Quiché, los cuales representaban el 33,61 % de los 5.270 indígenas pertenecientes a esa etnia que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas durante la guerra. Hasta la fecha solo han sido exhumadas los restos de 249 de las víctimas de esas matanzas. Los restos de cerca de 179 individuos ya fueron identificados por medio de pruebas científicas, y 93 de ellas presentaban señales de tortura, de acuerdo a la información oficial.
Los generales también son acusados de haber propiciado entre 1982 y 1983 el desplazamientos de al menos 29.000 ixiles que pertenecían a 54 comunidades del Triángulo Ixil, quienes huyeron para salvarse de la sangrienta represión militar.
Ahora es el turno de los abogados defensores, que deben presentar sus respectivas pruebas de descargo, para que sea luego el juez Miguel Ángel Gálvez quien determine si se inicia un juicio penal en contra de éstos u ordena archivar el proceso.
Por el asesinato de los originarios Ixil también es acusado el general Héctor Mario López Fuentes, pero su situación se discutirá en una audiencia posterior, ya que el Tribunal tiene que resolver previamente una petición de su abogado, Moisés Galindo, para que cese el proceso judicial en su contra por enfermedad. Galindo alegó que su cliente sufrió un derrame cerebral y se encuentra incapacitado para enfrentar un juicio. El juez ordenó que se le practiquen nuevos exámenes médicos a López Fuentes para determinar cuál es fehacientemente su estado de salud.
No terminan aquí las causas de Ríos Montt ante la justicia. El general, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde que se presentó de forma voluntaria ante la Justicia, hace un año, tiene también abierto otro proceso judicial por la matanza de más de 250 campesinos en el departamento norteño de Petén, hecho también consumado durante la década de los '80.
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