Lanzamiento de la Red Informativa de Genocidio y Derechos Humanos

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lunes, 18 de febrero de 2013

Perpetua a siete inculpados en Argentina por crímenes de lesa humanidad


La justicia argentina condenó a cadena perpetua a siete inculpados y a penas de entre 3 y 25 años a otros seis, por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983), informó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema.
Los condenados, oficiales del Ejército, la Marina y la Prefectura, fueron hallados culpables por homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad y torturas contra 69 personas, en delitos ocurridos en destacamentos navales de la ciudad de Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires.
Según la sentencia, con fecha del 15 de febrero, los condenados a perpetua son el general retirado Alfredo Arrillaga, los marinos retirados Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Guiñazú, Jose Lodigiani y Mario Forbice.



En la misma causa los marinos Justo Ortiz, Julio Falcke y Angel Racedo fueron condenados a 25, 14 y 12 años de prisión respectivamente, en tanto los prefectos Juan Mosqueda y Ariel Silva recibieron 14 y 10 años y el marino Juan Guyot, tres años.
La fiscalía y la querella solicitaron al revocación del arresto domiciliario del que gozan 12 de los 13 condenados, salvo Arrillaga que está preso en una cárcel común.
La causa, impulsada por familiares de las víctimas, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata y el Estado, tuvo en total 16 imputados, pero dos de ellos murieron durante la instrucción del caso y un tercero fue declarado inimputable por cuestiones de salud.
El tribunal divulgará los fundamentos de la sentencia a mediados de abril.
Los crimenes fueron cometidos en centros de detención clandestina que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, Prefectura Naval Argentina y la Escuela de Infantería de Marina de esa ciudad balnearia.
Decenas de juicios se llevaron a cabo en Argentina desde la anulación de las leyes de amnistía en 2003.
Unos 30.000 opositores resultaron desaparecidos durante la dictadura, según entidades humanitarias.

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