Lanzamiento de la Red Informativa de Genocidio y Derechos Humanos

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miércoles, 27 de marzo de 2013

Jueza del caso por genocidio a Ríos Montt rechaza la recusación de la defensa



El recurso había sido presentado por el abogado Marco Antonio Cornejo, defensor de Ríos Montt, gobernante de facto entre 1982 y 1983.
Cornejo alegó que el pasado día 18, en el inicio del juicio, se violaron los derechos de su cliente cuando la jueza le dejó sin abogado por la expulsión de Francisco García, quien había sido contratado por el exdictador como su nuevo defensor.
Sin embargo, Barrios rechazó la acción planteada al afirmar que "nosotros somos jueces imparciales" y añadir que se garantizan el debido proceso y el Estado de derecho en Guatemala.
"No es válido crear situaciones para evitar que se administre la justicia", dijo la jueza, y decidió mantenerse al frente de este histórico juicio en Guatemala.
Hoy, el tribunal sigue escuchando los relatos de supervivientes de las matanzas que se atribuyen al ejército guatemalteco durante el régimen que encabezó Ríos Montt.
El indígena Clemente Vásquez declaró que los soldados llegaron a sus comunidades, violaron a mujeres y les hicieron mucho daño, aunque aclaró que no presenció los hechos.
Magdalena Marcos de León, a través de un intérprete, dijo que los soldados dieron muerte a su esposo, Pedro Chávez, y luego quemaron su casa con todos los granos básicos que tenía en 1982 en una comunidad de Nebaj, en el departamento noroccidental de Quiché.
Desde que comenzó el juicio, el tribunal ha escuchado el testimonio de medio centenar de supervivientes de las matanzas en el denominado Triángulo Ixil (Quiché), de los casi 150 propuestos para declarar, que incluyen peritos de la defensa de los exgenerales.
Tras recibir la declaración de al menos otros ocho testigos, se declarará un receso por la celebración de la Semana Santa, y el juicio se reanudará el próximo lunes.
Ríos Montt y Rodríguez son juzgados en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia como supuestos autores intelectuales por el asesinato de 1.771 indígenas de la etnia ixil en Quiché entre 1982 y 1983.

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