Dos ex vicepresidentes y otros nueve ex altos funcionarios guatemaltecos opinaron hoy que acusar de genocidio al Ejército o el Estado puede agudizar la polarización y poner en peligro la conquista de la paz en el país.
En un aviso pagado publicado hoy en la prensa guatemalteca, el grupo, del que forman parte Luis Flores Asturias, que fue vicepresidente en 1996-2000, y Eduardo Stein, vicepresidente en 2004-2008, señala que el objetivo de los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996 fue la reconciliación.
El principal objetivo alcanzado durante los 16 años transcurridos desde la suscripción de estos tratados es que la violencia política desapareció, sostienen.
La publicación sale en momentos en que el general retirado José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado de facto, y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez, son juzgados en Guatemala por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
La Fiscalía los acusa de ser los autores intelectuales del asesinato de 1.771 indígenas ixiles entre 1982-1983 en el departamento noroccidental de Quiché.
El aviso publicado hoy advierte de que la acusación de genocidio en contra de oficiales, el Ejército o en contra del Estado de Guatemala en su conjunto "implica serios peligros" para el país, "incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada".
El Ejército cumplió con sus compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, sus efectivos y presupuesto se redujeron y hoy los nuevos oficiales se forman de conformidad con una doctrina que fue adoptada como consecuencia de esos tratados, agregan.
Según la opinión de los exfuncionarios, nada autoriza a pensar que la terrible violencia del pasado se vaya a repetir.
Sin embargo, advierten que la acusación de genocidio, que significa la deliberada eliminación de poblaciones enteras por razones étnicas, implica, de consumarse, "el peligro inminente de que la violencia política reaparezca, traicionándose con esto el objetivo de la conquista de la paz".
Aclaran que ello no significa desconocer las atrocidades ocurridas durante el enfrentamiento armado interno y el derecho de las víctimas a buscar el juicio de los autores de las mismas.
"La acusación de genocidio es una fabricación jurídica que no corresponde con el anhelo de los deudos de las víctimas de dignificar a sus seres queridos, de finalizar el luto inconcluso y de hacer justicia" y "tampoco es correspondiente con el anhelo de la mayoría de la población de superar el pasado y encontrar la reconciliación", apuntan.
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