El juicio por genocidio abierto en Guatemala al general José Efraín Ríos Montt está despertando menos interés internacional del que quizás debiera. Los horrores develados por los testigos que hasta ahora han comparecido ante los jueces superan con creces los ya de por si terribles crímenes perpetrados por otros regímenes militares latinoamericanos durante las décadas de los ochenta y noventa. Mujeres embarazadas a las que se abrió el vientre para arrancarles los fetos, bebés degollados, violaciones masivas de mujeres y niñas, personas quemadas vivas, amputación de lenguas y orejas… Toda una serie de atrocidades cometidas por militares y paramilitares de las que fueron víctimas las poblaciones indígenas con la excusa de la guerra contra el comunismo.<!–more–>
Las peores masacres se llevaron a cabo durante el periodo en el que el golpista Ríos Montt gobernó, desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983. Las espeluznantes declaraciones de las mujeres de la etnia Ixil que sobrevivieron a las incursiones militares en sus comunidades han conmocionado al país. Sin embargo, toda esa serie de delitos inconcebibles está ya documentado en los 12 tomos del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU (más conocida como Comisión de la Verdad), que fueron entregados al entonces secretario general, Kofi Annan, el 25 de febrero de 1999.
El exdictador de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, de 86 años, sonríe durante un descanso del histórico juicio en el que se le acusa de genocidio.
Anterior a ese documento está el absolutamente meritorio Informe Remhi (Recuperación de la Memoria Histórica) de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, presentado el 24 de abril de 1998. Artífice de ese primer aldabonazo fue el obispo Juan Gerardi, asesinado dos días después por criminales que participaron en el genocidio.
El juicio se produce hoy en una sociedad todavía atemorizada por las presiones y amenazas de los verdugos y sus cómplices, envalentonados por un Estado de derecho debilitado en grado sumo y donde el intento de hacer justicia puede llevar a la muerte. Por ello mismo, resulta admirable el papel de los jueces en un proceso que ve sentado en el banquillo al hombre que fue el más poderoso del país y que hasta hace poco se sentaba ufano en el Parlamento. Ríos Montt –también conocido como Ríos de Sangre Montt—ostentó los cargos de presidente de la Junta militar golpista, presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente del Congreso, embajador en España y diputado por su partido hasta hace un año. La pérdida de su condición de parlamentario supuso que desapareciera su inmunidad y que fuera procesado.
Como ha escrito recientemente Prudencio García, investigador de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre Guatemala, “Esa comparecencia del genocida ante la justicia, esa simple imagen actual, nos hace sentir partícipes de una humanidad algo más digna, menos canallesca, más solidaria y algo menos podrida de lo habitual”.
La guerra, sin embargo, contra ese manto de impunidad en Guatemala tiene todavía muchas batallas que librar y muchas amenazas que conjurar. El apoyo internacional, en particular de la UE y de España, debería ser más visible y efectivo hacia las fuerzas políticas y sociales que luchan por sacar al país del caos jurídico y de la imposición de los violentos.
Los testimonios de supervivientes y familiares de las víctimas tratan de levantar el manto de impunidad sobre la dictadura militar
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