Lanzamiento de la Red Informativa de Genocidio y Derechos Humanos

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miércoles, 26 de junio de 2013

Comenzó el juicio contra ocho represores por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca

Del total de diez imputados en esta causa sólo son juzgados ocho, ya que uno se encuentra prófugo desde el 6 de mayo pasado y el restante no está en condiciones de afrontar un proceso luego de haber sido sometido a dos juntas médicas.

El Tribunal subrogante Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava, inició al mediodía el debate en las instalaciones del aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Se trata de la causa 1067 caratulada "Stricker, Carlos Andrés y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Yotti, Gustavo Marcelo y otros en área controlada operaciones Cuerpo Ejército V".

Los detenidos están imputados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra un total de 89 víctimas.
También por la apropiación de dos criaturas nacidas en cautiverio en el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita” y que todavía no conocen su identidad.

Los jueces son los mismos integrantes del Tribunal que el año pasado condenó a prisión perpetua a 14 de 17 represores, en el marco del primer juicio por delitos cometidos en el V Cuerpo del Ejército.

Durante el debate será analizada la conducta de dos militares retirados que actuaron bajo el mando del condenado Jorge Mansueto Swendsen en el Batallón de Comunicaciones 181: Alejandro Osvaldo Marjanov, quien fue su segundo jefe y Ricardo Claudio Gandolfo, quien se desempeñó como jefe de sección de una compañía de combate.

También la conducta de Carlos Alberto Stricker, segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 en al año 1976, como José Héctor Fidalgo y Miguel Antonio Villegas por su participación en los denominados consejos de guerra que se utilizaron para blanquear las detenciones ilegales.

En el mismo debate también están imputados Bernardo Cabezón y Felipe Ayala por su rol como guardias de “La Escuelita” y Fernando Antonio Videla como jefe de ese grupo de guardias.

En el juicio estará ausente Carlos Alberto Arroyo, quien se encuentra prófugo desde el pasado 6 de mayo, por lo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de 100 mil pesos para dar con su paradero.

Tampoco estará el suboficial Armando Barrera, ex guardia de La Escuelita, donde se hacía llamar “Pato”, debido a que dos juntas médicas dictaminaron que no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso.

La actuación durante el terrorismo de Estado no les impidió a los imputados continuar con su carrera militar: Marjanov, Stricker, Fidalgo y Villegas se retiraron como coroneles entre 1988 y 1997 en tanto que Cabezón se retiró como sargento baqueano en 2002.

El debate comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, en el que figura el contexto histórico en que ocurrieron los hechos, los orígenes y metodologías del estado terrorista como la estructuración del aparato represivo.

Los jueces fueron ubicados en el escenario del Aula Magna junto a sus respectivos secretarios, a ambos lados, en tanto que la Unidad Fiscal a cargo de José Nebbia y Miguel Angel Pallazani ocuparon el lado izquierdo del salón.

Los defensores de los imputados fueron ubicados en la primera fila de asientos, en tanto en el lado derecho se sentaron las doctoras Mirta Mántaras y María del Mar Martín en representación de las víctimas, Walter Larrea, por la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y Mónica Fernández Avello y Diego Czerniecki, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En la segunda fila se encontraban sentados seis de los ocho imputados, ya que en el caso de Gandolfo y Villegas no estarán presentes en el recinto, pero seguirán el debate desde el Hospital de Ezeiza y desde una de las salas del Consejo de la Magistratura en la Capital Federal, respectivamente.

En las filas restantes se encontraban integrantes de la Comisión de Apoyo a los Delitos de Lesa Humanidad, agrupaciones de Derechos Humanos, familiares de las víctimas y público en general, entre otros.

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